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febrero 19, 2020

Asilo

España endurecerá el derecho de asilo

El Gobierno prepara una nueva ley que introducirá restricciones al derecho de asilo, en la senda marcada por la Unión Europea en los últimos años. La nueva normativa es una respuesta a los sucesivos ultimátums de Bruselas. España lleva años retrasando la adaptación de su legislación a las directivas comunitarias y ha agotado todos los plazos hasta llevar a la Comisión Europea a abrirle dos procedimientos de infracción. El último aviso llegó en octubre de 2019 -amplie noticia Aquí-, cuando el brazo ejecutivo de la UE amenazó con llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión. El Gobierno se adapta así a las exigencias de Bruselas, pero aprovechará para incluir sus propias medidas. El documento contempla las propuestas iniciales del Ministerio del Interior, y la versión final depende de las negociaciones entre los actores implicados, entre ellos los Ministerios de Seguridad Social y Migraciones y el de Exteriores.

La adaptación a la normativa europea supone, según el borrador, ampliar los motivos para denegar las peticiones de protección. Entre los nuevos figuraría que en el país de origen del solicitante existan zonas donde pueda establecerse con seguridad.

Aunque los expedientes deben estudiarse individualmente, este cambio implica que si el solicitante procede de un país considerado seguro por España —Marruecos, por ejemplo— puede ver su solicitud denegada. El mismo criterio se aplicaría si el solicitante tiene su residencia habitual en un tercer país también etiquetado como seguro. Se valorará “si existe vínculo entre la persona y el tercer país por el que sería razonable que el solicitante se fuese a ese país”. Ese vínculo puede consistir en tener familiares o haber residido legalmente allí inmediatamente antes de pedir protección en España. Siempre se tendrá en consideración que el retorno no ponga en riesgo la vida o la libertad del peticionario por motivos políticos, de raza o religión.

Pero no todas las medidas contempladas suponen un endurecimiento. En el ámbito más garantista, el borrador introduce cambios que dan más seguridad jurídica a los solicitantes: los reconoce como tales en el momento en el que manifiestan su intención de pedir protección, lo que obliga a registrarlos oficialmente. También amplía de cuatro a cinco días el plazo de resolución de los expedientes en frontera.

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